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Los abogados de empresa, tanto aquellos que desempeñan su actividad profesional en los departamentos legales de las empresas multinacionales, como aquellos otros que trabajan en los departamentos de RSC, o los que ejercen desde despachos profesionales ofreciendo su asesoramiento a distintos clientes, juegan un papel fundamental en las empresas para garantizar la efectiva vigencia de los principios rectores de Naciones Unidas, conocidos como principios Ruggie.

Como es ya conocido por todos, los Principios Rectores de Naciones Unidas, respaldados unánimemente por el Consejo en 2011, son las primeras reglas aceptadas internacionalmente sobre las responsabilidades de los Estados y las empresas en cuanto a la prevención de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la actividad empresarial en terceros países y con la respuesta que desde las organizaciones se da a estos hechos.

Los principios tienen una evidente naturaleza jurídica y hablan un lenguaje jurídico. Sin embargo, la aportación de los Principios Rectores no radica en que hayan creado nuevas obligaciones de derecho internacional para las multinacionales que éstas deban simplemente aplicar, sino en precisar distintos métodos para que los Estados y las empresas puedan hacer posible la obligación general de respeto de los derechos humanos. Por otro lado, aunque los propios principios son universalmente aplicables, los medios utilizados para su aplicación reflejan que vivimos en un mundo con 192 Estados Miembros de la ONU, 80.000 empresas transnacionales, y un número diez veces mayor de filiales e innumerables millones de empresas nacionales. Por lo que no hay una única forma de implementar los principios y se ha dado un amplio margen de maniobra para conseguir el objetivo. Su efectividad se deja en manos de la interpretación, y la concienciación, la implicación y el grado de compromiso del abogado que da servicio a esa empresa es crucial.

La Fundación Fernando Pombo, que tiene entre sus fines la promoción y defensa de los derechos humanos en el ejercicio de la abogacía, está desarrollando un proyecto específico relacionado con el papel del abogado en la implementación de los principios Ruggie. Se trata, por un lado, de hacer valer el papel de los abogados de empresa en el cumplimiento de estos principios, explicando a los distintos colectivos -desde las multinacionales, hasta los colegios de abogados- la importancia que de cara a garantizar la sostenibilidad de la empresa tiene integrar este tipo de asesoramiento especializado en su organización y en sus estrategias corporativas. Y por otro, de dotar a los abogados de recursos técnicos y de herramientas teóricas y prácticas, que les permitan ayudar mejor a sus clientes -las empresas multinacionales- cuando éstas han adquirido el compromiso de respeto de los derechos humanos, como parte de su responsabilidad social y empresarial. El proyecto consiste realmente en enseñar “Derechos Humanos” a los Bussiness Lawyers para puedan ofrecer el mejor asesoramiento profesional a sus clientes.

Se desarrolla a través de actividades académicas y de investigación jurídica; actividades de formación y aprendizaje y acciones de asesoramiento directo. Sin embargo, se incluyen otras como acciones de divulgación y concienciación, principalmente orientadas a los profesionales de la abogacía a través de los colegios profesionales. El proyecto se ha dividido en 4 años de actuación, y en estos momentos se encuentra en su fase embrionaria.  

Con este proyecto y de cara a la próxima aprobación del Plan estatal español de Derechos Humanos para las grandes empresas y empresas multinacionales, buscamos concienciar, sensibilizar y formar. Pretendemos que quienes den servicio de asesoramiento a compañías multinacionales integren los Derechos humanos como parte de su discurso jurídico habitual. Que tengan no solo un conocimiento técnico, sino también una formación práctica en la defensa de los derechos humanos. Solo así, podremos garantizar que estos abogados están preparados para desarrollar la implementación de los derechos humanos con sus empresas/clientes, de acuerdo con los objetivos establecidos en los Principios rectores de Naciones Unidas. 

Ana Mª Ovejero Puente, Coordinadora académica de la Fundación Fernando Pombo.

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