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Las empresas adheridas al Pacto Mundial de Naciones Unidas han avanzado más en la implantación de los Principios relativos a Normas Laborales y Medio Ambiente, que en lo relativo a Derechos Humanos y Lucha contra la Corrupción, según las conclusiones obtenidas en la última encuesta sobre implantación del Pacto Mundial, a la que han dado respuesta 1.251 empresas de 103 países.

El 79% de las empresas indican que su  adhesión al Pacto Mundial ha tenido un impacto moderado en sus acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), un 12% más que en el año anterior. Además, un 35% de las entidades indican que su participación en el Pacto Mundial es esencial para promover sus normativas y prácticas, un 9% más que en 2009.

Son las empresas grandes y las empresas cotizadas las que, en mayor número, trabajan en todas las áreas del Pacto Mundial (Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción), por delante de las pequeñas y medianas empresas (PYME).


Para George Kell, director ejecutivo del Pacto Mundial de Naciones Unidas, “mientras que en los últimos años el movimiento de sostenibilidad ha dado grandes pasos, aún quedan grandes retos”. “La ayuda a las pequeñas empresas para estimular la acción colectiva en todos os frentes y aumentar su compromiso con los Derechos Humanos y la  Lucha contra la corrupción será crucial si queremos equilibrar la Responsabilidad Social Empresarial”, ha concluido Kell.


Los Derechos Humanos son el ámbito con menor tasa de implementación, con menos del 25% de las empresas que indican tener prácticas de seguimiento o divulgación, seguido de la Lucha contra la Corrupción, con un tasa del 30%. Las tasas sobre seguimiento y divulgación en las áreas de Normas Laborales y Medio Ambiente son mayores, con porcentajes del 40% y el 50%, respectivamente.


Además, el 70% de los participantes afirman tratar el tema de los Derechos Humanos y la Lucha contra la Corrupción en el conjunto de su código de conducta. Sin embargo, sólo un 26% de las empresas afirma tener normativas explícitas en estos ámbitos.


Por otro lado, el 40% de las empresas que cotizan en bolsa indican que poseen una normativa específica sobre Derechos Humanos, frente al 26% del resto de entidades. El 80% de los participantes afirman tener normativas de no-discriminación e igualdad de oportunidades, y el 65% informan sobre normativas medioambientales.


Respecto a la tipología y tamaño de las entidades, el 60% de las empresas públicas afirman que sus juntas nombran un subcomité de sostenibilidad y acreditan informes, frente al 40% de las empresas privadas. En cuanto al tamaño de la empresa, un 70%  de las empresas grandes llevan a cabo estas acciones, mientas que en las PYME este porcentaje sólo llega al 30%.


Por último, el 79% de las empresas afirman llevar a cabo esfuerzos para ampliar su compromiso con el Pacto Mundial a sus filiales, aunque sólo un 28% pide a sus filiales la implantación de los 10 Principios y la evaluación de sus progresos. Un 65% de las empresas consideran la adhesión al Pacto Mundial en su cadena de suministro, pero solo el 12% de estas entidades exige a sus proveedores que participen en el Pacto Mundial para ser elegidos.

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