En 2011 La Comisión Europea solicitó a los estados miembros la elaboración de un plan para incluir en el ámbito estatal los principios de Naciones Unidas en materia de empresa y derechos humanos. Estos principios, basados en el derecho internacional, articulan tanto el deber de los Estados de proteger los derechos humanos como de garantizar un recurso efectivo para las víctimas de violaciones, así como el deber de las empresas de respetarlos