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Nacional

diarioresponsable.com El Gobierno regional ha creado por primera vez una Unidad específica para fomentar el emprendimiento y coordinar y dar apoyo a los autónomos y a los distintos agentes de la Economía Social de la región. Esta unidad será la encargada de diseñar las políticas de impulso en materia de trabajo autónomo y de promover el espíritu y la cultura emprendedora. Asimismo, diseñará y gestionará las distintas ayudas y programas para el fomento del trabajo autónomo, así como de las cooperativas, las sociedades laborales y del resto de entidades de la economía social.

También coordinará la acción del Gobierno regional en materia de políticas de fomento e impulso de la Responsabilidad Social de las Empresas, una materia que se refuerza dentro del área económica del Gobierno en sintonía con el resto de consejerías implicadas.

diarioresponsable.com Aún no se sabe la fecha de las próximas elecciones generales pero los doce principales Partidos políticos españoles ya han hecho llegar a Transparencia Internacional España sus posiciones y compromisos sobre las medidas básicas contra la corrupción propuestas por esta organización, así como otras medidas adicionales que postulan y van a recoger en sus próximos Programas electorales para combatir este importante problema social.

Según informa esta organización, todos los Partidos políticos han colaborado con TI-España y han actualizado y remitido el Cuestionario respecto a las doce medidas básicas contra la corrupción que TI-E les había enviado y propuesto el año pasado, y que ahora, cuando faltan pocos meses para la celebración de las Elecciones Generales, han enviado con sus correspondientes análisis y comentarios sobre las mismas.

diarioresponsable.com Es lo que pidieron Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón el pasado martes mediante la campaña Blinda tus derechos. Cambia el artículo 53 que apuesta por una reforma constitucional que mejore las garantías de protección de los derechos humanos y que incluya otros que hoy no están recogidos en la Carta Magna.

Las organizaciones denuncian que la Constitución española, y en particular su artículo 53, establecen un tratamiento y protección desigual e insuficiente de los derechos humanos, creando derechos de “primera” y de “segunda”, lo que tiene consecuencias sobre la población, especialmente la más vulnerable, que sufre la falta de acceso a la vivienda, a la salud o a unos ingresos mínimos sin poder reclamar estos derechos ante los tribunales.

diarioresponsable.com España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la UE, en concreto un 1,1% sólo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%), según expone Amnistía Internacional en un nuevo informe, “Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España”. Un documento en el que se denuncia cómo cientos de miles de personas han perdido o están en riesgo de perder su vivienda como consecuencia de los desalojos hipotecarios.

La organización pide que se paralicen todos los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección. En concreto, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que los jueces analicen, caso por caso, la razonabilidad y proporcionalidad de un desalojo, y el establecimiento de un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas, en el que las autoridades exijan a éstas que el desalojo sea la última alternativa y se prioricen soluciones que permitan a las personas permanecer en las viviendas donde residen.

diarioresponsable.com Carmen Casero, directora Directora General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresa, dispondrá de más dinero para la RSE que su antecesor Miguel Ángel García Martín. Y es que el presupuesto para 2016 destinado al desarrollo de la Economía Social y la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) asciende a 36,04 millones de euros, cifra que supone un incremento del 5,2% respecto al año anterior (cuando se destinaron 34,25 millones), según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año presentado el pasado martes en el Congreso de los Diputados y que así resalta Europa Press.

En líneas generales, el presupuesto para 2016 destinado a políticas activas de empleo alcanza los 5.214,9 millones de euros, un 9,9% más que en 2015, según el proyecto. Este aumento responde, principalmente, al incremento en las partidas destinadas a financiar las bonificaciones a la contratación (135 millones de euros), las agencias de colocación (35 millones de euros), la orientación profesional (129 millones) y la formación profesional para el empleo (117 millones).

diarioresponsable.com Las administraciones públicas son los principales consumidores en Europa. Se gastan aproximadamente dos billones de euros anualmente en la compra de mercancías y servicios y en la contratación de obras. 

Esto equivale a cerca del 19% del producto interior bruto de la Unión Europea. En España la compra pública supone aproximadamente el 18,5% del PIB.

Con este poder inmenso de compra, las administraciones públicas tienen la fuerza suficiente para impulsar un cambio y tener una influencia sobre la demanda de los mercados. Pueden promover e incentivar prácticas empresariales responsables y sostenibles y contribuir así de manera importante a la consecución de objetivos de sostenibilidad locales, regionales, nacionales e internacionales.

diarioresponsable.com Una herramienta de presión política y de información ciudadana para mejorar la calidad democrática y luchar contra la desigualdad extrema, la pobreza y la exclusión social. Lanzada por más de 150 organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en redes y plataformas. Poletika.org,  es una iniciativa que hace un seguimiento minucioso a los compromisos adquiridos por los candidatos a las elecciones generales y a los programas electorales de los partidos que se presenten a los próximos comicios.

Este proyecto se basa en una web interactiva y que se renueva constantemente, medirá el nivel de compromiso de los candidatos y los programas electorales sobre una decena de temas, entre los que figuran: ayuda la desarrollo, fiscalidad justa, educación, sanidad, protección social, salarios, propuestas de participación ciudadana, conflictos internacionales o políticas de infancia. Cada una de estas categorías tiene una serie de propuestas y metas contra las que se medirán los programas y discursos electorales.

diarioresponsable.com La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y la consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, María de los Ángeles Muñoz Marcos, han firmado este jueves en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social un convenio de colaboración para el fomento de la contratación pública responsable.

Se trata de un convenio que se enmarca en la Estrategia Española de RSE (Responsabilidad Social de las Empresas), que el pasado mes de octubre se aprobó en Consejo de Ministros, y que responde al contenido de una de sus medidas en la que se establece la necesidad de fomentar la incorporación de criterios sociales, ambientales, de derechos humanos y éticos en las licitaciones y adquisiciones públicas vinculados al objeto del contrato.

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