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diarioresponsable.com Es lo que pidieron Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón el pasado martes mediante la campaña Blinda tus derechos. Cambia el artículo 53 que apuesta por una reforma constitucional que mejore las garantías de protección de los derechos humanos y que incluya otros que hoy no están recogidos en la Carta Magna.

Las organizaciones denuncian que la Constitución española, y en particular su artículo 53, establecen un tratamiento y protección desigual e insuficiente de los derechos humanos, creando derechos de “primera” y de “segunda”, lo que tiene consecuencias sobre la población, especialmente la más vulnerable, que sufre la falta de acceso a la vivienda, a la salud o a unos ingresos mínimos sin poder reclamar estos derechos ante los tribunales.

diarioresponsable.com España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la UE, en concreto un 1,1% sólo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%), según expone Amnistía Internacional en un nuevo informe, “Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España”. Un documento en el que se denuncia cómo cientos de miles de personas han perdido o están en riesgo de perder su vivienda como consecuencia de los desalojos hipotecarios.

La organización pide que se paralicen todos los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección. En concreto, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que los jueces analicen, caso por caso, la razonabilidad y proporcionalidad de un desalojo, y el establecimiento de un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas, en el que las autoridades exijan a éstas que el desalojo sea la última alternativa y se prioricen soluciones que permitan a las personas permanecer en las viviendas donde residen.

diarioresponsable.comLa Comisión Nacional del Mercado de Valores presentó el pasado martes la revisión del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas que incluye, en el capítulo de recomendaciones relacionadas con el Consejo de administración, la promoción de una política adecuada de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como facultad indelegable (principio 24)

Esta revisión acerca a las organizaciones hacia una práctica de lo que los anglosajones vienen a denominar Accountability, es decir, rendir cuentas y asumir la responsabilidad por los actos ante los grupos de interés. En este sentido recomienda que las empresas analicen cómo impacta su actividad en la sociedad y cómo esta impacta, a su vez, en la empresa para identificar cuestiones sociales que permitan la creación de valor compartido. Y plantea la conveniencia de mantener una comunicación transparente basada en la necesidad de informar tanto sobre los aspectos financieros como sobre los aspectos no financieros de negocio.

diarioresponsable.com La Proposición de Ley sobre Pobreza Infantil presentada por CiU en el Congreso de los Diputados el pasado 23 de octubre está siendo sometida a un debate online a través de la plataforma de incidencia política Kuorum.org. Esta plataforma organizó un encuentro presencial el pasado jueves entre diputados, organizaciones y ciudadanos para extraer conclusiones sobre el coloquio que se había iniciado en su web. 

Carles Campuzano, diputado por Barcelona y responsable del texto legislativo original, explicó en el evento titulado 'El Congreso en la Calle' los detalles de su propuesta a los asistentes y anunció que la iniciativa podría ser debatida en el pleno del Congreso del próximo martes. De no ser así, el asunto se aplazaría hasta febrero. En cualquier caso el Gobierno deberá ofrecer una respuesta sobre este tema antes de agotar la legislatura. 

Federico Buyolo (PSOE), Gonzalo Fanjul (porCausa), Ana Sastre (Save the Children), Javier Pérez (CIECODE), y Gabriel González-Bueno (Unicef) acompañaron a Carles en esta primera edición de "El Congreso en la Calle‟. Federico señaló la importancia de hablar "con" la infancia además de hablar de ella. Ana insistió en las dificultades añadidas de las familias monoparentales y propuso "deducir los gastos hipotecarios de los ingresos a la hora de determinar la renta familiar". Gonzalo se preguntó “qué ocurre con el hijo del inmigrante en situación irregular”. Y Gabriel recordó que "España está un 60% por debajo de la media de la UE en ayudas monetarias a familias". 

diarioresponsable.com Una herramienta de presión política y de información ciudadana para mejorar la calidad democrática y luchar contra la desigualdad extrema, la pobreza y la exclusión social. Lanzada por más de 150 organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en redes y plataformas. Poletika.org,  es una iniciativa que hace un seguimiento minucioso a los compromisos adquiridos por los candidatos a las elecciones generales y a los programas electorales de los partidos que se presenten a los próximos comicios.

Este proyecto se basa en una web interactiva y que se renueva constantemente, medirá el nivel de compromiso de los candidatos y los programas electorales sobre una decena de temas, entre los que figuran: ayuda la desarrollo, fiscalidad justa, educación, sanidad, protección social, salarios, propuestas de participación ciudadana, conflictos internacionales o políticas de infancia. Cada una de estas categorías tiene una serie de propuestas y metas contra las que se medirán los programas y discursos electorales.

diarioresponsable.com La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y la consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, María de los Ángeles Muñoz Marcos, han firmado este jueves en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social un convenio de colaboración para el fomento de la contratación pública responsable.

Se trata de un convenio que se enmarca en la Estrategia Española de RSE (Responsabilidad Social de las Empresas), que el pasado mes de octubre se aprobó en Consejo de Ministros, y que responde al contenido de una de sus medidas en la que se establece la necesidad de fomentar la incorporación de criterios sociales, ambientales, de derechos humanos y éticos en las licitaciones y adquisiciones públicas vinculados al objeto del contrato.

diarioresponsable.com |Agua, aigua, eau, áqua, ura, aiga… formas diferentes de llamar a esta sustancia tan fundamental para la vida y  tan vulnerable. Ecuación peligrosa,  importante y vulnerable. Consciente de la necesidad de proteger este líquido elemento, la Unión Europea le creó un marco legislativo, la Directiva Marco del Agua (DMA). Uno de los ejes de esta norma europea, de obligado cumplimiento que han transpuesto a su normativa todos los estados miembros, es la Participación.

Son muchos los factores que pueden alterar el buen estado de la aguas. Por ello desde la Administración se intentan controlar todas las acciones que pueden provocar una alteración de la calidad de las aguas y de sus ecosistemas. Está claro que la Administración es la máxima responsable de  asegurar la calidad del agua pero no debe ser la única.

20Transparencia Internacional insta a los partidos y responsables políticos a la adopción de un conjunto de medidas drásticas y urgentes contra la corrupción. Para la Organización en estos momentos en los que la vida pública y política española se ve gravemente afectada por numerosos casos de corrupción, es realmente urgente que los Partidos y los responsables políticos españoles adopten una inequívoca, firme y contundente actitud para atajar esta preocupante fenómeno tomando medidas efectivas, consensuadas e inmediatas que pongan freno a esta insostenible situación. A estos efectos Transparencia Internacional España insta a que dichos responsables políticos adopten una actitud mucho más firme contra la corrupción a todos los niveles: institucionales, legislativos y políticos, y puedan atenuar de esta forma el evidente nivel de indignación y desafección ciudadana.

En un comunicdo enviado la mañana de este martes indican que "se hace necesario un mayor equilibrio de poder entre los partidos políticos y la sociedad. El poder tan generalizado de los partidos, el control del poder legislativo, así como el de todos y cada uno de los niveles de gobierno y, sobre todo, el control de la composición de las más altas instituciones del Estado, merma el Estado de Derecho, limita sustantivamente el ejercicio real de la democracia y deja escaso margen en la práctica a los ciudadanos para decidir sobre la marcha de la sociedad".

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