La sostenibilidad se ha convertido en uno de los ejes centrales de la agenda europea y en un pilar clave para avanzar hacia los objetivos de 2030. Bajo esta premisa, la Unión Europea ha impulsado en los últimos años distintas regulaciones para acelerar una transición más responsable. Sin embargo, la reciente aprobación de la Directiva “Ómnibus I”, que eleva de forma notable los umbrales de reporte, marca un punto de inflexión: solo tendrán que informar las empresas con más de 1.000 empleados y 450 millones de facturación, lo que deja fuera a muchas compañías que hasta ahora estaban obligadas a reportar su impacto ambiental y social.
Como era previsible, la medida ha generado lecturas diversas. Hay quien teme que una regulación más suave pueda relajar el compromiso empresarial. Otros creen que, con menos papeleo, habrá más margen para centrarse en iniciativas que generen impacto real. Ambas posiciones tienen su lógica, pero ninguna toca la raíz del asunto: la sostenibilidad no avanza solo con normas, sino con personas que entienden por qué es necesaria y que actúan en consecuencia.
Siempre he defendido que educar, incentivar y acompañar es más eficaz que penalizar. Sí, una sanción puede acelerar ciertos cambios, pero no garantiza que perduren. Cuando una empresa actúa solo porque “toca”, el cambio se queda en la superficie. En cambio, cuando entiende el porqué, lo incorpora de manera natural y lo mantiene con el tiempo.
Mi experiencia con escuelas, administraciones y organizaciones muy distintas a lo largo de los últimos 20 años me ha demostrado que el aprendizaje transforma más que cualquier obligación. La educación ambiental da contexto, herramientas y criterio, y genera una cultura de responsabilidad que se mantiene, aunque cambien las reglas del juego. Por eso creo que, en esta nueva etapa, deberíamos poner el foco no en lo que se deja de exigir, sino en lo que estamos dispuestos a seguir impulsando.
Las empresas tenemos mucho que decir aquí. La sostenibilidad no puede ser una etiqueta ni un informe anual que entregamos por obligación. Tiene que reflejarse en las decisiones del día a día. Si queremos generar confianza, debemos demostrar que no estamos aquí solo porque lo pide Bruselas, sino porque forma parte de nuestra forma de entender el negocio.
Las administraciones también juegan un papel clave. Además de regular, deben facilitar las cosas: acompañar, orientar y crear las condiciones para que avanzar en sostenibilidad sea más fácil que retroceder. Las políticas que premian comportamientos responsables funcionan mucho mejor que las que solo castigan.
Y la ciudadanía, aunque a veces no se diga lo suficiente, también es protagonista. Cada elección de consumo, cada hábito y cada gesto influye directamente en el entorno en el que operan las empresas. Un consumidor informado presiona y anima a que las organizaciones mantengan el rumbo.
En este contexto, la reforma se puede mirar de dos formas. Para algunos, es un paso atrás que puede enfriar el compromiso. Para otros, es una oportunidad para simplificar procesos y concentrar esfuerzos en lo que realmente importa. Yo prefiero quedarme con esta segunda mirada: si la sostenibilidad es auténtica, no necesita estar escrita en un reglamento para avanzar.
Menos burocracia puede traducirse en más tiempo, más energía y más recursos para invertir en educación, acompañamiento y sensibilización. Pero para que esto ocurra necesitamos coherencia. La sostenibilidad no es un gesto puntual, sino un camino que exige constancia y una voluntad real de mejora.
Los objetivos climáticos europeos siguen siendo ambiciosos y necesarios. Alcanzarlos no dependerá solo de las normas, sino de cómo actuemos empresas, administraciones y ciudadanía. La sostenibilidad no es solo un trámite, es un aprendizaje continuo que requiere reflexión y compromiso. Y ese aprendizaje empieza, como siempre, por asumir cada uno la parte que le toca. Sólo así podremos avanzar hacia un modelo más equilibrado y capaz de responder a los retos que tenemos delante.
