Vivimos en un mundo complejo donde la comunidad internacional cohabita con guerras abiertas como la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el genocidio perpetrado sobre la población e Gaza y en menor medida; Cisjordania. Lo que llevamos de 2024 apuntala un planeta más convulso y polarizado, menos abierto, más violento, menos democrático... Los Juegos Olímpicos de París, a finales de este mes de julio, fueron un escaparate para que afloren esas tensiones geopolíticas. Probablemente con críticas a la participación de Rusia e Israel, probando una vez más que esta cita siempre ha sido tan política como deportiva. El gasto militar mundial alcanzó el pasado año la cifra récord de 2,44 billones de dólares, lo que supone un aumento en términos reales del 6,8%. EEUU con el 37% del total y la OTAN con el 55%, mantienen una hegemonía militar incuestionable.
Al mismo tiempo, informes como los de Oxfam, sobre la desigualdad mundial, constatan que 5.000 millones de personas han perdido riqueza, tras la gran recesión, la crisis de la COVID-19, al mismo tiempo que se concentra en menos manos de magnates y conglomerados transnacionales. Una enorme concentración de poder oligopolístico favorece el aumento de las brechas de desigualdad. De forma análoga las trabajadoras y trabajadores ven precarizados sus ingresos, hay un cuestionamiento sobre el pago de impuestos justos, se privatizan los servicios públicos y el colapso climático deja de ser una distopía. Se trata de un momento en el que se agravan las dinámicas de exclusión, especialmente por razones de género, edad, estatus económico, clase o etnia. Es irrenunciable avanzar hacia una mayor justicia global (climática, de género, económica, y también social).
Para combatir desigualdad extrema y una sociedad transitando la incertidumbre, los Gobiernos y organismos multilaterales deben emplearse a fondo en redistribuir la concentración económica de las grandes empresas hacia el resto de la población mundial. La cooperación internacional está llamada a jugar un papel fundamental en el avance hacia una acción colectiva para garantizar esa justicia global. Necesitamos más y mejor cooperación internacional: es importante cumplir con los compromisos financieros en materia de la ayuda oficial, aumentar una mayor financiación del desarrollo, cumplir con la coherencia de políticas (no se puede aprobar ayudas a poblaciones vulnerables, mientras se venden armas para aniquilar a esa misma ciudadanía) y partir de la adicionalidad en el uso de las fuentes que costeen esas políticas públicas. El fortalecimiento de las políticas de cooperación es imprescindible para el mundo actual. Contribuye a reforzar el multilateralismo a mitigar la desconfianza entre los pueblos, a aminorar el agravamiento de las situaciones de pobreza y desigualdad, a la incubación de conflictos y a la pérdida de legitimidad de los países donantes de la OCDE. El incumplimiento reiterado de los compromisos, a los que se llegan en Cumbres internacionales, no es la mejor carta de presentación en un momento clave para afrontar problemas globales.
En España, la aprobación de la Ley 1/2023 de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, aprobada con un amplio consenso parlamentario, es un punto de partida perfecto para acometer la reforma integral del sistema de cooperación. Basada en tres ejes:
Sin la apuesta de mayores partidas presupuestarias en cooperación, la reforma puede quedar en papel mojado. Según los datos preliminares del CAD, la AOD española se quedó en un 0’24 % de la Renta Nacional Bruta (RNB). Es imprescindible retomar la senda de crecimiento de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) para alcanzar el 0,55% de la RNB en el final de legislatura (2027).
La Coordinadora de ONG para el Desarrollo ha lanzado un manifiesto donde exige una serie de peticiones, de partidas, de refuerzo de instituciones como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), facilitando el incremento de sus capacidades y dotándolas de recursos para desarrollar su reforma y convertirse en verdadero pilar del sistema. Así como la apuesta decidida por una cooperación feminista. Con la creación de una oficina específica en la AECID para operativizar y transversalizar los enfoques feministas en toda la AOD. Y con respecto al presupuesto de la AECID, comprometer el 30% para potenciar los derechos de las mujeres y las niñas como objetivo principal y, además, el 85% debe incluir el enfoque de género como indicador. Las ONGD piden corresponsabilizar a otros ministerios y departamentos del propio Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC), con capacidad de financiar intervenciones vinculadas y que impactan directamente en el desarrollo sostenible y el avance de la Agenda 2030.
Necesitamos, con urgencia, avanzar hacia una transformación en profundidad de sistema y las políticas de cooperación internacional, hacia una cooperación democrática y transformadora, que permita transitar hacia la justicia global, a partir de nuevas estrategias e instrumentos, y desde principios feministas, decoloniales y antirracistas.
