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En un año marcado por la controversia en la agenda de los estados y su efecto sobre el sector empresarial, la sostenibilidad ha sido en cierta medida desplazada de la atención pública. Sin embargo, continúa el avance en caminos iniciados en 2015, como la Agenda 2030 y el Acuerdo de París en materia de desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático, respectivamente. Asimismo, se abren nuevas sendas en relación al urbanismo sostenible y la transparencia corporativa, y el proteccionismo podría cambiar el sentido de la brújula de la responsabilidad social
Nos encaminamos al cierre de este intenso año y, sin ánimo de pecar de prematuro, es interesante comenzar a echar la vista atrás hacia los hitos que han marcado la agenda en sostenibilidad. Recapitular sobre los avances conseguidos y las oportunidades perdidas, con un espíritu constructivo, no busca sino ser un acicate para todos quienes queremos aportar a la consolidación de un futuro común.

Luego del lanzamiento durante 2015, en el marco de Naciones Unidas, de la Agenda 2030 y su más conocido exponente: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), este año los esfuerzos se centraron en la creación de una conciencia colectiva al respecto. Resultado de la participación del sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, junto a las agencias y administraciones de los estados miembro, los ODS están posibilitando un lenguaje común, clave para el trabajo conjunto que requiere su consecución.

De manera particular, en este primer año de los ODS, las administraciones públicas han centrado sus esfuerzos en el levantamiento de la línea base de políticas que ya existían respecto a los temas cubiertos, la identificación de las prioridades para el desarrollo de nuevas políticas públicas y la creación de instancias de coordinación y monitoreo. En el caso de las empresas, el énfasis ha recaído en entender la contribución que pueden aportar a través de sus actividades, de las iniciativas de responsabilidad social con las que vienen trabajando en sus impactos y de nuevas oportunidades de negocio en las que la innovación contribuya al desarrollo socioeconómico. Las organizaciones de la sociedad civil, ante la oportunidad de arraigar la colaboración con administraciones y empresas en relación a las temáticas de la Agenda, han trabajado intensamente al respecto, exponiendo las prioridades que entrega su conocimiento de las realidades in situ y buscando nuevas posibilidades en el marco de modelos innovadores como las cadenas híbridas de valor.

Dando continuidad a otro de los grandes hitos de 2015, el Acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático, este año nos encontrábamos en el período clave para su entrada en vigor, que requería de la ratificación de al menos 55 países que representen a su vez el 55% de las emisiones mundiales de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Alcanzado el umbral en octubre, la 22ª sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22), celebrada en Marrakech en noviembre, permitió avanzar en la agenda de trabajo para aterrizar los puntos del Acuerdo.

A pesar de la rápida entrada en vigor del Acuerdo, en la COP22 se decidió mantener 2018 como plazo para el desarrollo de las reglamentaciones necesarias, en aspectos como la contabilidad y monitoreo de emisiones. El otro gran resultado de la cumbre fue la fijación de la continuidad del Fondo de Adaptación, mecanismo propio del Protocolo de Kioto, como instrumento para canalizar los fondos que los países desarrollados deben aportar para la implementación de iniciativas de adaptación en los estados con menos recursos. Ante la ya difícilmente alcanzable meta de evitar el aumento de temperatura del planeta a 2°C a finales de este siglo respecto de los niveles preindustriales, los países lanzaron además una declaración de apoyo al Acuerdo de París y a lo irreversible de la lucha contra el calentamiento global, en un contexto de incertidumbre política luego del triunfo electoral de Donald Trump.

Continuando con el repaso a los hitos en torno a Naciones Unidas, más alentador que mirar fracasos como la inacción del Consejo de Seguridad ante el conflicto sirio, llegamos a Habitat III y la aprobación de la Nueva Agenda Urbana. Con la criticidad que entrega el hecho de que se realice cada 20 años y que actualmente ya más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, las pautas establecidas sobre cómo deben evolucionar éstas deben ser consideradas seriamente por los estados, a pesar de su carácter no vinculante. La ciudad del futuro ha de ser más compacta, que con una adecuada planificación permita reducir las emisiones del transporte y contribuir a la lucha contra el cambio climático, y más inclusiva, facilitando la incorporación de la población que cada día se incorpora a las mismas y reduciendo la desigualdad que ha venido creciendo a lo largo de sus arterias.

Saltando al mundo de la empresa, de la transparencia y rendición de cuentas, destaca el lanzamiento de los GRI Standards para la comunicación del desempeño en la triple vertiente de la sostenibilidad: social, ambiental y económica. La trascendencia del hecho radica en que la metodología desarrollada por Global Reporting Initiative (GRI) constituye la más utilizada a nivel internacional, especialmente en Europa y América Latina. Luego de casi dos décadas de recorrido, la metodología evoluciona a un set de estándares, actualmente 36, a los que podrán sumarse otros en el futuro, de manera de estar apegados a los temas que van tomando protagonismo estratégico en la sostenibilidad de las compañías. Sigue siendo clave concentrar la información en aquellos temas claves desde la perspectiva de los grupos de interés y la estratégica para la compañía,  reportar “lo qué importa y dónde importa”. Ello se produce en un contexto de creciente relevancia de la comunicación no financiera, como lo demuestra la aprobación de la Directiva Barnier en la Unión Europea en 2014 y la transposición que los estados miembro deben hacer a sus respectivos ordenamientos jurídicos antes de que termine este año.

Una tendencia han ido creciendo a lo largo del año, alcanzado niveles extremadamente preocupantes a esta fecha: la combinación de populismo y proteccionismo, que muchos reflejarían en la figura de Donald Trump. Sin entrar a valorar el sustento social de las decisiones electorales a las que estamos asistiendo, las empresas se encuentran ante la tesitura de realizar un reajuste de sus cadenas de suministro, frente a un posible retroceso de los acuerdos internacionales de comercio y el desarrollo de medidas proteccionistas, así como a la atención preferente del mercado local como destinatario de la producción, temor especialmente de manifiesto en México, desde dónde escribo estas palabras. En términos de responsabilidad social, cambiará el mapa de impactos y riesgos asociados a las operaciones y, con ello, será necesario rediseñar las estrategias de sostenibilidad y voltear la prioridad de las iniciativas.

El próximo año se acerca lleno de enormes desafíos, con los gobiernos expuestos a la creciente necesidad de tomar medidas que aterricen los grandes acuerdos internacionales a la realidad de sus países, y el refuerzo del consenso internacional es aspectos clave como el respeto a las minorías, que António Guterres tendrá la mesa al asumir su mandato en Naciones Unidas. Las empresas por su parte se enfrentan a la necesidad de avanzar en la incorporación de la sostenibilidad como elemento estratégico en su planificación y gestión, buscando las sinergias con el desempeño de los estados y las organizaciones de la sociedad civil. ¿Utopía? El tiempo y el esfuerzo de todos construirán la respuesta.

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