Según la máxima atribuida a Sócrates, ‘alcanzarás buena reputación esforzándote en ser lo que quieres parecer'. Y parece lógico, ¿verdad? La reputación depende de la apariencia, que a su vez depende de la imagen que queremos proyectar.
Sin embargo, aunque en general la mayoría de nosotros podemos describir la impresión que deseamos emitir en términos vagos y ambiguos, una descripción más elocuente es mucho más difícil de alcanzar y los pasos necesarios para personificar esa imagen son más difíciles todavía.
Pongamos por ejemplo un ayuntamiento: si pedimos a un representante local describir su institución municipal, lo más probable es que recibamos una lista de los valores primordiales de la modernidad tardía, como la igualdad, la integridad, la imparcialidad, o la rendición de cuentas. Estos principios son, sin duda, importantes, pero si preguntásemos al mismo cargo electo lo que realmente significan y cómo el ayuntamiento puede demostrar a los ciudadanos que se caracteriza por dichos valores, la contestación seguramente sería mucho menos concluyente.
Pero, la reputación del sistema político local está dañada y por consiguiente, una respuesta convincente es una condición sine ni qua non para su restauración.
Diversos estudios han llegado a la conclusión de que, debido a su cáracter de 'strong mayor', el ámbito local es el área más preocupante para la corrupción en el sector público. Bajo este tipo de gobierno municipal, común a los países del sur de Europa, los alcaldes tienen facultades discrecionales significativas con respecto a la asignación de los fondos públicos y las decisiones ejecutivas, dando lugar a una serie de posibles situaciones de conflicto de intereses. Asimismo, y en parte como resultado, la desafección política ha aumentado considerablemente en los últimos años, creando una situación que podría conducir a una cultura generalizada de incumplimiento de las normas y un círculo vicioso de la legitimación de la corrupción.
Ante estos problemas, diversos ayuntamientos catalanes (y españoles) han introducido o piensan introducir sus propios códigos éticos o de conducta con el objetivo de prevenir la corrupción futura y regenerar su imagen pública. En algunos casos, en los ayuntamientos catalanes que están particularmente comprometidos con el buen gobierno, se impulsaron estos esfuerzos de forma independiente, pero por el contrario, las propuestas más recientes son mayoritariamente el resultado de la introducción de la Ley Catalana de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.
Y esto nos devuelve de nuevo a una de las palabras fundamentales en la cita introductoria: esforzarse. Si un código goza de implementación de facto, influirá en el clima ético de la organización y, siguiendo la lógica atribuida a Sócrates, finalmente, aumentará la percepción positiva del público respecto al ayuntamiento. De hecho, es esta capacidad para afectar al clima ético la que sitúa los códigos de conducta y éticos en el centro de cualquier programa diseñado para promover el comportamiento ético dentro de una organización. Pueden actuar como una guía o base para acciones posteriores y en este sentido pueden llevar a los gobiernos locales más lejos que la transparencia por sí sola.
Esto se debe a que si bien la transparencia se correlaciona con niveles menores de corrupción y, por tanto, es clave para cualquier sector afectado por ella, la reducción de la corrupción es su objetivo principal y, como tal, tendrá dificultades para generar un clima ético real. De la misma manera que una cámara de seguridad que vigila el centro de la ciudad, la transparencia impide que los representantes públicos o funcionarios cometan actos de corrupción porque hay una mayor probabilidad de detección, no necesariamente porque convenza a los potenciales infractores de lo que es correcto e incorrecto. Los códigos de conducta y ética que tienen tres características específicas pueden ayudar a dar este paso más allá:
Primero, todas las personas sujetas al código participan en su elaboración; segundo, la calidad y la frecuencia de la comunicación del código son lo suficientemente elevadas; y en tercer lugar, el código se integra en la organización a través de los altos cargos -lo que se denomina en inglés tone at the top; es decir, los altos cargos actúan de acuerdo con el código y promueven sus principios.
En definitiva, la transparencia es imprescindible en la lucha contra la corrupción a nivel local, pero por si sóla tendrá dificultades para lograr los objetivos de integridad institucional robusta y buen gobierno efectivo. Para ello, debe desarrollarse un programa de ética o integridad con un código de conducta, código ético o código de buen gobierno efectivo como eje central; un código que debe ser implementado de manera de facto y sometido a una evaluación cuantitativa periódica de sus efectos.
Los municipios que pretenden ofrecer el mejor servicio a sus ciudadanos harán exactamente eso y, en consecuencia, tendrán muchas probabilidades de convertirse en precisamente lo que pretenden ser.
