Empieza explicando tres grandes acuerdos recientes, en el plano internacional, sobre el desarrollo económico: la Addis Ababa Action Agenda, sobre la financiación del desarrollo, el acuerdo sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Y muestra cómo en todos ellos hay una nueva manera de hacer política económica internacional.
En el pasado, cuando los gobiernos querían cambiar algo firmaban acuerdos entre ellos. Ahora utilizan la soft law: acuerdos que no tienen obligatoriedad legal, pero que reparten deberes y derechos entre países y entre agentes. Por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático, los países en vías de desarrollo y emergentes aceptan ciertas restricciones, a cambio de ayuda de los países desarrollados para financiar las acciones sobre el uso de energías baratas y no contaminantes.
Además, cuentan con la colaboración de las empresas, por ejemplo a la hora de canalizar inversiones muiltimillonarias hacia los países en desarrollo dentro de la Agenda de Adis Abeba. Y también para el seguimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, con empresas, sociedad civil y comunidades locales, es decir, implicando a los que tienen que ser beneficiarios de esos objetivos. A los gobiernos tocará liderar los procesos.
Esto no va a ser fácil. Contar con las empresas significa utilizar procedimientos de mercado, cosa que a algunos políticos, expertos e ideológos no les gusta. Pero conviene que quede claro que los mercados, que no son omnipotentes ni lo hacen todo bien, introducen factores de eficiencia, racionalidad e incentivos para todos, que los gobiernos no pueden conseguir ni por la vía del convencimiento ni por la del ordeno y mando -porque los gobiernos también están muy lejos de la omnipotencia, y esto es un paso adelante en la formulación de las nuevas políticas. Pero apoyarse en el mercado significará también abrir sectores como la educación, la salud y el agua al partenariado público-privado, aunque esto molesta a algunos.
Todo esto está en marcha y todavía no sabemos a dónde nos llevará. No carece de inconvenientes y riesgos, pero, a primera vista, es un avance en la manera de hacer política, involucrando a toda la sociedad: a las empresas, que deben asumir su responsabilidad social en estos retos, pero también a los sindicatos (tan reacios a entrar en ese juego), la sociedad civil, los expertos y los medios de comunicación.
