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diarioresponsable.com Nos encontramos en un año marcado por la agenda de encuentros en torno a diferentes vertientes de la sostenibilidad, como la pasada Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Addis Abeba en julio, y la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se desarrollará a finales de noviembre-principios de diciembre en París.

Estos meses, sin embargo, es otro evento el que toma el protagonismo, la Cumbre Especial sobre Desarrollo Sostenible del 25 al 27 de septiembre en Nueva York, cita en la que los jefes de estado y de gobierno ratificarán, salvo sorpresa mayúscula, la agenda de desarrollo post 2015, cuyo contenido final fue aprobado el pasado 2 de agosto, a la espera de las rúbricas señaladas. Sin duda estamos en unos meses clave para determinar los esfuerzos que la comunidad internacional deberá acometer en los próximos años, mediante la participación conjunta de los estados, la sociedad civil y el sector empresarial.

Este año termina el período de vigencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), aprobados en el 2000 con el objetivo de avanzar en la erradicación de la pobreza, a través de una perspectiva múltiple que incluía la educación y salud de las comunidades, y la protección de los recursos naturales. Especialmente orientados a los países en vías de desarrollo y subdesarrollados, su éxito va más allá de las discutidas estadísticas sobre el cumplimiento de metas, al haber conseguido coordinar los esfuerzos internacionales en una agenda común. Es este factor el que disparó hace dos años, en la Cumbre de Río+20, la idea de diseñar una nueva hoja de ruta, destacando especialmente los esfuerzos de Colombia al respecto. Y es que Latinoamérica ha tenido un papel clave en la agenda de desarrollo 2030, poniendo sobre la mesa las prioridades de la región, como ha sido el caso de México apostando por la inclusión económica y social, y la contribución de los migrantes al progreso de sus países tanto de origen como de destino.

La agenda que ve la luz estos días está protagonizada por una nueva figura, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que toman el testigo de los ODM, y suponen un total de 17, con 169 metas, abarcando los tres ámbitos de la sostenibilidad: social, ambiental y económico. Con una perspectiva para su consecución a 2030, serán los estados quienes establezcan las prioridades para sus respectivos territorios y poblaciones, acorde a las necesidades existentes. Su desarrollo ha generado el mayor esfuerzo de participación pública organizado hasta la fecha desde Naciones Unidas, y a diferencia de los ODM, desde el principio se ha considerado el rol clave que el sector privado ha de desempeñar para su consecución. Asimismo, también cambia el alcance, ya que los ODS buscan el esfuerzo de todos los países, incluyendo a las naciones desarrolladas.

Aunque no faltan en el seno del sector empresarial quienes consideran que se trata de una responsabilidad de las administraciones públicas, la balanza está cada vez más inclinada por aquellos que son conscientes de la necesidad de colaborar. No se trata de una visión altruista, sino de la constatación de la relación existente entre desarrollo socioeconómico de las comunidades y resultados empresariales. De todos son conocidas las frases de célebres académicos y hombres de negocios al respecto, planteando que “no se puede conducir una empresa saludable en una sociedad enferma” (Arnold Hyatt, The Stride Corporation), que “no se pueden hacer negocios en una sociedad que arde” (William Norris, Control Data Corporation).

Permítanme asimilar la contribución del sector privado a una figura de tres etapas, partiendo de la filantropía, que incluye principalmente contribuciones económicas y voluntariado. Los esfuerzos de las diferentes fases no son excluyentes, si bien las compañías han de avanzar en el recorrido planteado. La filantropía da paso a la responsabilidad social, entendida como la implementación de medidas en relación a los impactos negativos, y también positivos, que las actividades de la compañía generan sobre sus diferentes grupos de interés. Cada empresa debe analizar el contexto en el que opera y su modelo de negocio, buscando las posibilidades de contribuir al desarrollo en el marco de sus operaciones, siendo un ejemplo claro de ello las compañías que proveen servicios primarios como el acceso a luz y agua. La tercera etapa va más allá, centrada en el esfuerzo de las empresas por adaptar su modelo de negocio y/o diseñar nuevos enfoques para atender las necesidades de aquellos sectores más desfavorecidos, lo que se ha dado en llamar “negocios en la base de la pirámide”. Es en este último eslabón donde se encuentran asimismo las empresas sociales, aquellas nacidas con el objetivo de atender necesidades de la población, en equilibrio con la rentabilidad que permita la continuidad de las actividades. Podría señalarse que se trata de una figura muy teórica, pero si miramos a nuestro alrededor encontraremos ejemplos, que quizá no estábamos viendo bajo este prisma.

Como señalaba en un reciente artículo Lisa Kingo, Directora ejecutiva de la Iniciativa del Pacto Mundial de Naciones Unidas, los ODS “pueden proveer inspiración y direccionar a las compañías para que transformen riesgos de negocio en oportunidades”. Sin duda, el sector privado está llamado a desempeñar un papel clave en esta nueva agenda, sin que ello suponga merma en sus resultados financieros y rentabilidad accionarial. Se trata de apostar una forma de hacer negocios que piense más en el medio y largo plazo, en la sostenibilidad de los recursos y el bienestar de las comunidades, dejando atrás un enfoque cortoplacista que arroja más riesgos que ventajas.

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