A estas alturas, los españoles estamos hastiados de soportar casos de fraude y corrupción. Si el fraude se produce en el entorno de los poderes públicos, como en el caso Pujol en Cataluña o el de los ERES y el de los cursos de formación financiados con fondos europeos en Andalucía, hablamos de corrupción. Si las conductas irregulares se producen en el ámbito empresarial, hablamos de fraude.
¿Cómo se descubre el fraude en la empresa? Existen métodos más o menos sofisticados y eficaces, pero lo cierto es que, más del 50% de los "chivatazos" sobre conductas sospechosas en las organizaciones se canaliza a través de los empleados, según datos de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners). Fuera de España, la figura del "whistleblower" o "chivato" no sólo está protegida por las leyes, sino que además, cuenta con el respaldo y la aprobación de la sociedad. En España, las connotaciones negativas del término siguen teniendo un gran peso.
Marcar un límite y defenderlo
La imagen que en España tenemos del whistleblower no es la que se percibe en el mundo anglosajón, donde el "chivato" no lo es simplemente por poner en conocimiento público información que estaba supuestamente reservada a un ámbito restringido, sino por hacerlo en virtud de una serie de estándares éticos. Desde la fuente denominada "garganta profunda", que ayudó a la prensa estadounidense a destapar en los años 70 el Watergate y precipitó la dimisión del presidente Nixon, hasta el reciente caso de Edward Snowden, el informático también estadounidense que filtró información clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) destapando un sistema de vigilancia indiscriminada a la ciudadanía, el principio de "sentir que hay que hacer lo correcto a pesar de las consecuencias" es lo que mueve al "chivato" a rebelarse. "En conciencia, no puedo permitir al gobierno de Estados Unidos destruir la privacidad, la libertad en internet y las libertades básicas de la gente de todo el mundo con esta gigantesca máquina de vigilancia que están construyendo en secreto", declaró Snowden al periódico The Guardian, en junio de 2013. "No quiero vivir en una sociedad que hace este tipo de cosas… No quiero vivir en un mundo donde se registra todo lo que hago y digo. Es algo que no estoy dispuesto a apoyar o admitir", comentó.
Dar un paso al frente para decir "así no se hacen las cosas", "esto no está bien", supone poner los valores personales y los principios éticos por encima del propio bienestar personal, jugándose el futuro personal y profesional, la libertad e, incluso en ocasiones, la propia vida.
Se trata de personas que, hartas de los abusos, ponen un límite y lo defienden. Entonces, ¿por qué la sociedad en su conjunto no sólo no protege ni alienta, sino que ni siquiera aprueba, la actitud de los "chivatos", como parece que ocurre en nuestro país?
En España, le damos la vuelta a la tortilla. El Código Penal, recientemente reformado por 2ª vez en este sentido, castiga a las empresas si no se ponen la venda antes de la herida. Es decir, las compañías serán responsables de adoptar medidas de prevención de delitos. Esto se materializa, por ejemplo, exigiendo a las corporaciones que tengan un mecanismo de comunicación de irregularidades, los llamados "canales de denuncia" o "líneas éticas".
Y es que, a la larga, resulta más barato prevenir que curar. “Hacer frente a las consecuencias del fraude en una organización puede salir más caro que poner en marcha los mecanismos de prevención y control de riesgos necesarios para evitar la comisión de delitos de carácter económico”, señala Gertrudis Alarcón, presidenta en España de ACFE, la mayor y más prestigiosa asociación de certificadores de fraude en el mundo.
De hecho, se estima que el perjuicio económico medio en España de las empresas que han sufrido algún tipo de delito económico o fraude asciende a 730.000 €/año. Y solamente hablamos de costes directos. A estos costes directos hay que sumarles otros indirectos, tales como:
⁻ Los efectos negativos que la corrupción provoca sobre la imagen y la reputación de las compañías afectadas, cuyos costes por daños en activos intangibles son muy difíciles de cuantificar.
⁻ El daño moral que ocasiona el fraude a los propios trabajadores de la empresa, que ven afectada su motivación, provocando una alarmante disminución de la productividad.
⁻ El dinero añadido que cuesta contratar a abogados, peritos, investigadores y auditores que intenten clarificar y responder con contundencia al fraude empresarial.
La creciente preocupación por estas cuestiones ha llevado a AENOR a lanzar un modelo de gestión que acredita la implantación de un sistema de gestión eficaz para la prevención de delitos.
La escasa protección de los whistleblowers en Europa
La sociedad española está preparada para ser más libre. Si la libertad de prensa, de asociación o de opinión ha configurado el indicador más solvente las democracias occidentales, la irrupción de la libertad de la información y los datos (mayor transparencia y mejor accesibilidad) configura una nueva etapa de conciencia democratizadora.
Los whistleblowers necesitan protección (legal), colaboración (ciudadana) y reconocimiento (público). Muy pocos países europeos han promulgado leyes que protejan directamente a los denunciantes, a diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, que ofrecen multitud de protecciones diferentes para los empleados de todos los sectores corporativos y agencias gubernamentales.
Actualmente, sólo 8 países de Europa dedican algún tipo de legislación específica a proteger al denunciante: Luxemburgo, Rumania, Eslovenia y Reino Unido son los 4 que disponen de leyes que incluyen de forma integral procedimientos para denunciantes. Francia, Alemania, Países Bajos y Polonia cuentan con disposiciones parciales. Y 7 países más: Bulgaria, Finlandia, Grecia, Lituania, Portugal, Eslovaquia y España no tienen o tienen disposiciones muy limitadas para proteger a quienes denuncian, según el Informe Anticorrupción de la ONG Transparencia Internacional.
Protección legal a whistleblowers en Europa
En este sentido, las líneas éticas o canales de denuncias favorecen la transparencia y protegen a las organizaciones. Estos mecanismos permiten tener un servicio externo de comunicación y reporte de irregularidades. Está dirigido a empleados, proveedores, clientes y otros posibles grupos de interés de cada compañía. Según Gertrudis Alarcón, "su objetivo es el de detectar a tiempo y posibilitar la denuncia del fraude interno, así como cualquier otro tipo de conductas no permitidas o impropias, que puedan afectar al capital humano, al patrimonio o a la propia reputación de la organización, por ser contrarios a sus principios".
Un canal de denuncia es un mecanismo seguro de carácter confidencial. Mediante plataformas online, teléfonos o direcciones de correo, "las líneas éticas ponen a disposición de cualquiera la posibilidad de ahorrar dinero, frenar los robos y evitar disgustos a las empresas", explica la Presidenta de los Certificadores de Fraude en España.
En resumen, mayor transparencia exige mayor responsabilidad por parte de todos. Las empresas tendrán que rendir cuentas no ya de sus estados financieros, sino de sus políticas en materia de Buen Gobierno Corporativo para explicar cómo previenen los riesgos y cómo luchan contra el fraude y la corrupción. Y la sociedad, por su parte, tendrá que apoyar a quienes pagan el precio de implicarse personalmente en esa lucha. De no hacerlo, nos estaremos haciendo trampas.
