El diputado y portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en el Congreso, Joan Herrera, ha registrado una Proposición no de Ley, firmada junto a Gaspar Llamazares (IU), para la creación de un registro de lobbies o grupos de intereses, para su debate en la Comisión de Administraciones públicas y en el Pleno del Congreso. Precisamente, la Eurocámara debatirá mañana en sesión plenaria un informe que establecerá el marco de actuación de los lobbies en todas las instituciones comunitarias y creará un registro de lobbies y grupos de interés para que las actividades de estos grupos sea pública y transparente.
El eurodiputado de ICV en el Parlamento Europeo, Raül Romeva, adscrito al grupo Verde, ha sido uno de los parlamentarios que han liderado el impulso de este informe que se votará el jueves 8 de mayo.
En cuanto a la iniciativa parlamentaria de ICV, anunciada por Joan Herrera durante la última campaña electoral de las Generales, insta al Gobierno español a crear una Comisión Parlamentaria de Control y Fiscalización del Lobby y a impulsar las medidas administrativas y/o legislativas necesarias para la creación de un registro y control de lobbies.
En relación a este registro, la PNL subraya que estará gestionado por el Congreso de los Diputados y será de obligada inscripción para acceder a la condición de diputado o diputada. También será imprescindible su inscripción en él para los lobbies para poder ejercer como tales.
Este registro publicará las audiencias de gestión de intereses, y sus correspondientes actas, de los diputados, de las diputadas y de los senadores y senadoras, así como de todo cargo electo, miembro del Gobierno y trabajador de la administración pública de libre designación política. Asimismo, la PNL impulsada por ICV insta al Gobierno a tirar adelante "las medidas administrativas y/o legislativas necesarias para la elaboración de de un código de conducta común para todos los miembros de lobbies, exigiéndose que declaren el interés o los intereses que representan".
También se elaborará un sistema de control y sanciones en caso de irregularidades o violación del código de conducta. Además, la iniciativa parlamentaria insta al Gobierno a "impulsar las medidas administrativas y/o legislativas necesarias para la publicación de los beneficiarios de las subvenciones concedidas por la Administración General del Estado".
En la exposición de motivos, el diputado ecosocialista argumenta que los ciudadanos tienen derecho a saber "a qué intereses responden nuestros legisladores y el Gobierno" y por este motivo "es necesaria la transparencia en la actuación de los lobbies, entendidos como grupos de presión que defienden intereses particulares y no generales".
"Estos importantes poderes fácticos, por su posición preeminente, disponen de capacidad de influencia en la toma de decisiones públicas que no está sometida a ningún control democrático pero que influye decisivamente en la actividad política", afirma el diputado ecosocialista.
Herrera explica que otros países han resuelto, "en mayor o menor medida", esta cuestión de distintas manera. La regulación al respecto es mucho más estricta en los Estados Unidos de América, donde los lobbistas están obligados a registrarse y a declarar sus actividades, sus intereses y a quién representan.
En Europa actualmente los lobbistas se amparan en la protección de datos y al hecho que tratan con información confidencial, cuando, sin embargo, en EEUU esto no les supone ningún problema. Este mayor control ha permitido que se destapen escándalos como el Abramoff.
El portavoz de ICV en el Congreso argumenta que Bruselas es el segundo centro de decisión política más importante del mundo, después de Washington. De acuerdo con esto, también es el segundo punto con más lobbies del mundo. Las empresas sitúan sus sedes cerca de los centros de poder y decisión política. Así, hay más de 2.500 lobbies que dan trabajo a más de 15.000 personas, entre consultores, abogados, comerciantes, activistas de ONGs o representantes de empresas.Pero, de hecho, más del 70% representan los intereses de grandes empresas.
Actualmente hay 4.435 lobbistas acreditados en el Parlamento Europeo, con pleno acceso a las sesiones de comisiones y también en los plenos. La proporción es de 6 lobbistas por eurodiputado/da. En relación con la influencia de los lobbies americanos, no ya en su propio país, sino a nivel global, con una repercusión negativa en la seguridad internacional.
Si bien el farmacéutico es el que más dinero mueve, los 3 grandes lobbies americanos que tanto daño han hecho al mundo son: el complejo industrial-militar, el petrolero, y el religioso (católico y judío). La convergencia de intereses de estos 3 lobbies explica muchas de las guerras en que ha participado EEUU, sobretodo la guerra del Golfo.
En Argentina se ha detectado, en época democrática, la influencia de los lobbies. Desde Alfonsín a Kirchner, pasando cómo no por Menem y la privatización y desnacionalización de la riqueza natural del país, por no hablar de la época convulsa del "corralito".
El problema común en la mayoría de estos episodios fue, en este caso, el exceso de concentración de poder en el ejecutivo. En Chile, en 2003 el Gobierno presentó un proyecto de ley para regular dicha actividad que aún no ha finalizado su tramitación. Éste incluye: la definición formal de lobby, la especificación de las actividades en que se puede ejercer, la creación de un registro de lobbistas de acceso público, deberes de información de actividades con personalidades públicas y funcionarios para mantener la transparencia, códigos de conducta y sanciones para los que los contravengan.
Prohibición de que los lobbistas o entes que hayan contratado sus servicios de financiar a los partidos políticos.Otro caso a tener en cuenta es el de Alemania. En el año 2005 se destapó que Volkswagen pagaba un sueldo a un centenar de políticos alemanes, entre ellos diputados socialdemócratas y al alcalde de la ciudad en que VW tiene su sede central, Wolfsburg.
El proceso judicial sigue abierto para determinar si se trata de casos de corrupción. "Es necesario que los representantes públicos y todos los grupos de presión muestren sus relaciones con transparencia para que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de en qué grupos de interés se apoyan determinados partidos políticos", subraya Hererra en el final del texto de la PNL.
