El hambre no es un fenómeno inevitable, sino un problema que puede reducirse mediante políticas públicas eficaces, inversiones sostenidas y sistemas alimentarios más resilientes. Esa es una de las principales conclusiones del informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026 (SOFI), elaborado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
Según recoge el informe, en 2025 alrededor de 645 millones de personas, equivalentes al 7,8 % de la población mundial, sufrieron hambre. La cifra representa una reducción de casi 14 millones de personas respecto a 2024 y de 43 millones en comparación con 2022, cuando la inseguridad alimentaria alcanzó uno de sus niveles más elevados.
Durante la presentación del estudio, el director general de la FAO, Qu Dongyu, destacó que estos datos evidencian que las decisiones políticas pueden marcar una diferencia real en la lucha contra el hambre. Según señaló, reforzar la protección social e invertir en sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles permite revertir tendencias que parecían difíciles de cambiar, según informa la FAO.
El informe refleja mejoras más allá de la reducción del hambre. En 2025, aproximadamente 2.100 millones de personas experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que supone cerca de 86 millones menos que un año antes.
Los progresos fueron especialmente visibles en América del Sur y distintas regiones de Asia, especialmente en Asia meridional, donde la combinación de crecimiento económico, políticas sociales y mejoras en los sistemas de producción contribuyó a ampliar el acceso a los alimentos.
No obstante, el estudio insiste en que la evolución positiva no es homogénea y que existen regiones donde los desafíos siguen siendo especialmente intensos. Uno de los cambios más significativos se registró en África, donde la proporción de población afectada por el hambre descendió ligeramente, pasando del 20,3 % en 2024 al 20 % en 2025. Se trata de la primera interrupción de una tendencia creciente que se mantenía desde 2017.
Sin embargo, el continente continúa concentrando una parte muy importante del problema. Actualmente, alrededor de 309 millones de personas padecen subalimentación y el crecimiento demográfico podría provocar que el número absoluto de personas afectadas continúe aumentando durante los próximos años.
Pese a la mejora registrada durante los tres últimos años, las previsiones del informe mantienen un escenario preocupante.Las estimaciones apuntan a que unos 520 millones de personas podrían seguir pasando hambre en 2030, una cifra incompatible con el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, que plantea erradicar el hambre antes del final de la década.
La FAO advierte además de que este cálculo podría incluso quedarse corto, ya que no incorpora plenamente el impacto potencial de fenómenos climáticos extremos, como un episodio intenso de El Niño, ni los efectos derivados de la reducción de la financiación internacional destinada al desarrollo y a la ayuda humanitaria.
Más allá del hambre, el informe pone el foco en otro problema creciente: la dificultad de millones de personas para acceder a alimentos nutritivos.Actualmente, casi un tercio de la población mundial no puede permitirse una alimentación saludable, una situación que favorece tanto la malnutrición como el aumento de enfermedades relacionadas con dietas de baja calidad.
Aunque la producción mundial de alimentos ha aumentado en numerosas regiones, el coste de frutas, hortalizas y productos de origen animal continúa siendo elevado debido a factores como las deficiencias en almacenamiento, transporte, refrigeración, suministro energético o funcionamiento de los mercados. Estas limitaciones afectan especialmente a los hogares con menores ingresos.
Ante este escenario, la organización reclama mantener abiertas las cadenas internacionales de suministro de alimentos, energía e insumos agrícolas, evitando restricciones comerciales que puedan agravar la volatilidad de los precios. Asimismo, considera prioritario fortalecer los programas de protección social destinados a las personas más vulnerables y garantizar que los agricultores dispongan de acceso a fertilizantes, semillas de calidad, agua, financiación y otros recursos esenciales antes del inicio de cada campaña agrícola.
A medio y largo plazo, el informe subraya la necesidad de incrementar las inversiones en infraestructuras de riego, almacenamiento, cadenas de frío, transporte, sistemas de alerta temprana y mecanismos de anticipación frente a crisis climáticas o alimentarias.
Para la FAO, estas actuaciones no solo contribuirían a reducir el precio de los alimentos saludables, sino también a aumentar la resiliencia de los sistemas agroalimentarios frente a futuras perturbaciones y facilitar el acceso a dietas más nutritivas para toda la población.
