El envejecimiento de la población está redefiniendo el modelo económico y social en España. Las personas mayores de 55 años, que ya representan el 34% de la población —más de 16,7 millones—, se han convertido en un actor clave en el consumo, el ahorro y la inversión, concentrando cerca del 40% del gasto privado.
Así se desprende de las conclusiones presentadas en el 3º Congreso Silver Economy, impulsado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre junto a ICEA, donde se analizó el impacto de este colectivo en la economía española y europea.
Lejos de ser un grupo pasivo, los datos apuntan a que la población sénior cuenta con una elevada capacidad económica —con una media de 36.816 euros de recursos por persona— y un papel central en la sostenibilidad de los hogares, ya que en muchos casos contribuye a financiar el consumo de otros miembros de la familia.
Sin embargo, este protagonismo económico convive con limitaciones estructurales. España ocupa posiciones intermedias en el desarrollo de la economía sénior en Europa —en torno al puesto 13 de 27 países—, lo que refleja avances, pero también carencias en ámbitos como el empleo, la seguridad financiera o la participación económica de este grupo.
El indicador europeo presentado durante el congreso muestra que los países con mejores resultados combinan mayores tasas de empleo entre personas mayores, mejores condiciones de bienestar y una participación social más activa. En el caso español, el desarrollo es desigual: destaca en el plano social, pero presenta debilidades en dimensiones económicas e individuales.
Más allá de los datos macroeconómicos, el perfil del consumidor sénior también está cambiando. Se trata de un colectivo cada vez más activo, digitalizado y con patrones de consumo propios. El 82% utiliza internet de forma habitual y tiene un peso relevante en sectores como el turismo, el ocio, la salud o los servicios financieros.
No obstante, este crecimiento también plantea interrogantes desde una perspectiva social y de sostenibilidad. El aumento del peso económico de este grupo coincide con un contexto de pensiones ajustadas, desigualdades territoriales y transformaciones en el mercado laboral que pueden limitar su capacidad futura.
Además, buena parte de su fortaleza económica está vinculada a la propiedad de la vivienda —el 85% dispone de casa en propiedad—, lo que abre el debate sobre nuevas fórmulas financieras que permitan complementar ingresos sin generar mayores desigualdades.
En este escenario, el desarrollo de la economía sénior se perfila como una oportunidad, pero también como un desafío estructural. Tal y como se puso de relieve en el congreso, avanzar hacia una sociedad longeva requiere adaptar políticas públicas, servicios y modelos productivos para garantizar no solo el crecimiento económico, sino también la equidad y el bienestar a largo plazo.
