La Unión Europea ha decidido dar a las empresas un plazo adicional de un año para cumplir con la normativa que prohíbe la venta de productos provenientes de tierras deforestadas en el territorio comunitario. El objetivo es garantizar una implementación más efectiva sin comprometer los objetivos ambientales de la ley.
El acuerdo provisional, alcanzado el pasado martes 3 de diciembre entre el Parlamento Europeo y el Consejo, retrasa la aplicación de las nuevas obligaciones: las grandes empresas y comerciantes deberán cumplirlas a partir del 30 de diciembre de 2025, mientras que las micro y pequeñas empresas tendrán tiempo hasta el 30 de junio de 2026.
¿Por qué este aplazamiento? La Comisión Europea propuso esta medida tras las preocupaciones expresadas por países miembros, operadores comerciales y otros actores, quienes advirtieron que no podrían ajustarse completamente a las reglas si se aplicaban a finales de 2024.
Además, la Comisión se ha comprometido a que el sistema de información necesario y la clasificación de riesgo estén listos a más tardar seis meses antes de la entrada en vigor de la normativa. Para 2028, también se prevé una revisión general que evaluará medidas para simplificar el proceso y reducir la carga administrativa, incentivando a los países de bajo riesgo a mejorar sus prácticas de conservación forestal.
Christine Schneider, eurodiputada y ponente del informe, celebró el acuerdo, destacando que el año extra permitirá a empresas, agricultores y autoridades prepararse mejor. “Garantizamos que la Comisión complete la plataforma online y la categorización de riesgos en seis meses, lo que aportará mayor previsibilidad a la cadena de suministro. Seguiremos de cerca el proceso, especialmente los esfuerzos para reducir la burocracia”, afirmó Schneider.
Sin embargo, también subrayó su descontento por la negativa del Consejo a incluir ciertos aspectos directamente en la normativa, confiando en que la Comisión cumpla con los compromisos adquiridos.
El acuerdo deberá ser aprobado formalmente por el Parlamento en la sesión plenaria del 16 al 19 de diciembre. Posteriormente, necesitará el visto bueno del Consejo y su publicación en el Diario Oficial de la UE antes de que finalice el año para que el aplazamiento sea oficial. Según la FAO, entre 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosques, un área mayor que el tamaño de la UE. El consumo europeo contribuye al 10% de la deforestación global, principalmente debido a productos como el aceite de palma y la soja, que representan más de dos tercios de esta cifra.
La normativa europea contra la deforestación, adoptada en abril de 2023, busca frenar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, exigiendo a las empresas garantizar que productos como café, cacao, madera, caucho o papel impreso no estén vinculados a la deforestación. Aunque las reglas ya están en vigor desde junio de este año, su aplicación efectiva estaba prevista originalmente para finales de 2024. Con este ajuste en los plazos, se busca un equilibrio entre las necesidades del sector empresarial y los urgentes objetivos ambientales.
