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DIRSE y LLYC organizaron una jornada para analizar los retos y oportunidades de la Directiva 2024/825, que busca regular las afirmaciones de sostenibilidad y combatir el "greenwashing". Expertos en sostenibilidad, marketing y certificación debatieron sobre cómo las empresas deberán adaptarse a esta normativa, garantizando transparencia y responsabilidad en sus comunicaciones ambientales.
¿Cómo enfrentar la ecoimpostura? DIRSE y LLYC analizan la Directiva 2024/825 y su impacto en la sostenibilidad empresarial

El pasado jueves, DIRSE (Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad) organizó una jornada online en colaboración con LLYC para analizar los retos y oportunidades que plantea la Directiva 2024/825, una normativa clave para combatir el "greenwashing" o ecoimpostura en el ámbito empresarial. Bajo el título "El dirse y la Directiva 2024/825: ¿Cómo abordar los riesgos de la ecoimpostura?", la sesión contó con la participación de destacados expertos, entre ellos Nieves Álvarez, líder ESG en Europa de LLYC; Carlos Arango, director general de DIRSE; Ignacio Bañeres, gerente de sostenibilidad en AENOR; y Enrique Arribas, presidente de la Asociación de Marketing de España y secretario técnico de la RAE.

Novedades y desafíos de la Directiva 2024/825

Nieves Álvarez abrió el debate desglosando las implicaciones de la Directiva, que busca fortalecer la protección de los consumidores en el proceso de transición energética. Explicó que uno de los objetivos centrales es garantizar que las empresas ofrezcan información clara y verificable sobre sus prácticas sostenibles, eliminando las afirmaciones genéricas o sin respaldo que puedan inducir a error. Esta normativa regulará de manera específica las declaraciones relacionadas con el impacto ambiental y social de los productos, exigiendo certificaciones y datos concretos que avalen las afirmaciones empresariales. Álvarez subrayó que esta nueva legislación debería beneficiar a aquellas compañías que ya implementan buenas prácticas de sostenibilidad, ya que se fomentará la transparencia en el mercado.

El encuentro permitió conocer también las preocupaciones que enfrentan las empresas ante la implementación de la Directiva. Durante el debate, varios de los ponentes destacaron la incertidumbre en torno al coste económico de cumplir con los requisitos, así como el riesgo reputacional asociado al incumplimiento. Ignacio Bañeres señaló que más del 50% de los consumidores no confía plenamente en las afirmaciones de sostenibilidad, incluso cuando están respaldadas por certificaciones. Por ello, la Directiva tiene el potencial de reducir esta desconfianza y permitir que los consumidores tomen decisiones más informadas.

Enrique Arribas, por su parte, abordó las repercusiones que tendrá esta normativa en los departamentos de comunicación y marketing. Aunque en España ya existe un marco legal que condena la publicidad engañosa, Arribas advirtió que algunas empresas, por temor a ser acusadas de "greenwashing", optan por el "ecosilencio", es decir, evitar completamente cualquier comunicación sobre sostenibilidad. Esta postura podría hacerles perder una oportunidad valiosa de adaptar su lenguaje a los nuevos estándares y liderar el cambio hacia un mercado más transparente.

En este contexto, Nieves Álvarez enfatizó la importancia de que las empresas realicen un autodiagnóstico para estar preparadas cuando la ley entre en vigor en España. Los departamentos de marketing deberán asegurarse de que las afirmaciones que realicen estén respaldadas por hechos concretos, contando con el apoyo de equipos técnicos y corporativos especializados en ESG.

El evento finalizó con una reflexión colectiva sobre las oportunidades que traerá un mercado más regulado. Los expertos coincidieron en que el liderazgo empresarial, junto con el uso adecuado de la tecnología y la formación de equipos, serán elementos clave para cumplir con la normativa y comunicar de manera responsable. Esta jornada forma parte de una colaboración entre DIRSE y LLYC, socio protector de la entidad, y se enmarca en la preparación de un toolkit que será presentado en 2025 para ayudar a las empresas a adaptarse a la Directiva 2024/825.

 

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