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El miércoles 10 de abril, se publicaron los resultados del informe anual del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, que examina la divulgación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas indexadas. Según el documento, después de cuatro años desde la promulgación de la Ley 11/2018 sobre información no financiera y diversidad, se evidencia una carencia de progresos notables y una falta generalizada de cumplimiento en ciertos aspectos.
Las empresas del IBEX 35 reprueban en transparencia corporativa

Para transformar la realidad primero hay que conocerla. Por ello, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa presentó ayer, miércoles 10 de abril su informe anual “La información sobre sostenibilidad en las empresas del IBEX 35”, referente al ejercicio 2022. El objetivo del estudio es evaluar la calidad de la información sobre aspectos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), Sostenibilidad y buen gobierno corporativo proporcionada en la documentación y en las memorias públicas y accesibles de las empresas que conforman el índice bursátil IBEX 35 a cierre del ejercicio de referencia. Con la finalidad de proporcionar homogeneidad al análisis, para su realización se han tomado como base los informes de gestión, Estados de Información no Financiera (EINF), memorias de sostenibilidad o documentos similares relativos al ejercicio 2022 publicados por las empresas del IBEX35 que contuvieran información sobre aspectos de RSC.

La primera conclusión del informe revela que la calidad de la información no financiera proporcionada por las empresas del IBEX 35 en siete áreas clave (gobierno corporativo, lucha contra la corrupción, fiscalidad, derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y clientes y consumidores) es deficiente, con un promedio de 45,40 puntos en una escala de 100. Las cinco empresas mejor posicionadas en el ranking son: Endesa, Iberdrola, Enagás, Inmobiliaria Colonial e Indra, mientras que las que ocupan los últimos lugares son IAG, ArcelorMittal, Banco Sabadell, Unicaja Banco y Solaria.

El informe también destaca que el grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas por la ley 11/218 en materia de información no financiera y diversidad es cuestionable. El análisis de los resultados muestra que las áreas que presentan una información más completa son los aspectos laborales (66,97), seguidos de clientes y consumidores (62,48) y medio ambiente (47,15). Por el contrario, las áreas con menor transparencia son los derechos humanos (31,62), la fiscalidad (32,99) y la lucha contra la corrupción (36,56), mientras que los aspectos de buen gobierno obtienen una calificación de 40,01.

A continuación, se destacan algunas de las principales conclusiones del estudio:

  1. Derechos Humanos: La gestión de los impactos en los derechos humanos en las empresas del IBEX 35 sigue siendo la peor valorada del análisis. Aunque el 69% de las empresas afirman tener procesos de diligencia debida en derechos humanos, la calidad de la información proporcionada tiende a ser generalista y poco precisa, con margen de mejora.
  2. Independencia de los consejeros: En el año 2022, la figura del consejero independiente adquiere relevancia, especialmente tras la polémica surgida en la Junta General de Indra. Persiste la falta de transparencia sobre cómo las empresas garantizan la independencia de estos consejeros.
  3. Lucha contra la corrupción: El whistleblower se convierte en una herramienta clave para combatir la corrupción, pero la información sobre su funcionamiento y las quejas recibidas es limitada.
  4. Sostenibilidad en los Consejos de Administración: Aunque todas las empresas informan sobre evaluaciones anuales al consejo de administración, pocas mencionan aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno en estas evaluaciones.
  5. Información no financiera: A pesar de la obligación de transparencia establecida por la Ley 11/2018, los informes de información no financiera carecen de uniformidad en los niveles de detalle y en los indicadores utilizados, lo que dificulta la comparación entre empresas.
  6. Prácticas de lobby empresarial: La información sobre las prácticas de lobby es escasa, y la regulación al respecto es insuficiente, lo que favorece la falta de transparencia en este ámbito.

En palabras de Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC “Los resultados del estudio indican que la transparencia y rendición de cuentas en los aspectos sociales y medioambientales es deficiente”. Vázquez añade que “es crucial avanzar en la supervisión del cumplimiento de la Ley y mejorar la calidad y alcance de la verificación de la información no financiera. Además, las empresas deben prepararse para cumplir con las nuevas exigencias normativas como la Directiva de diligencia debida, que responsabiliza a las empresas por los impactos en los derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de actividad, así como la Directiva de información sobre sostenibilidad y la esperada Directiva sobre Greenwashing”.

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