Una empresa que dice ser socialmente responsable, además de cumplir con sus obligaciones tributarias que le corresponden por ley no debería sacar provecho de las lagunas existentes en las regulaciones tributarias para diseñar esquemas de ingeniería fiscal y trasladar beneficios hacia paraísos fiscales con el objetivo de minimizar su factura fiscal.
Los poderes públicos tienen por tanto la obligación de luchar contra su utilización y proliferación y cuentan para ello, entre otros, con el poder de la contratación pública. Y es que el Estado desde sus diferentes manifestaciones representa un importante papel como actor en la economía.
Hemos hablado con Miguel Alba, responsable de Fiscalidad y Sector Privado de Oxfam Intermón.
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