La Ley de Integración Social de Minusválidos obliga a todas aquellas empresas con más de 50 empleados a que el 2 por ciento de su plantilla esté formada por personas con discapacidad, con el objetivo de promover su inserción en el mundo laboral.
Sin embargo, existen excepciones, ya que a algunas empresas por el trabajo que desempeñan le es imposible incluir a estas personas en la plantilla. Para estos casos hay medidas alternativas, como contratar los servicios de un Centro Especial de Empleo o realizar una donación a una entidad encargada de formar profesionalmente a personas con discapacidad.
Por el contrario, 7 de cada 10 empresas no cumplen con la LISMI, en algunos casos por desconocimiento de la propia ley. El 2,6 por ciento de los demandantes de empleo, son personas con discapacidad que necesitan y buscan una plena autonomía a través de una ocupación profesional.
Trabajar por la inclusión, tanto con la contratación de estas personas como con la ayuda a otras entidades en su formación, no significa gasto sino que supone una mejora de los principios sociales y de sostenibilidad, que se traducen en valor y oportunidades para la propia empresa.
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