Es inevitable que el cambio de sede social que están llevando a cabo varias empresas catalanas (y el que estudian muchas más) sea considerado por sectores independentistas como un claro reflejo de insolidaridad empresarial con su sociedad y con su patria. No pretendo defender a las empresas que lo están haciendo (más de una cuenta en su haber con prácticas no poco cuestionables), ni suponer que el dinero es solidario ni que tenga sentimientos
